Fundación Instituto Municipal de Cultura, ¿un proyecto privatista?

Francisco Marchiaro, secretario de cultura de la municipalidad de Córdoba, asegura a viva voz que no pretende “privatizar” la cultura en nuestra ciudad. “De ningún modo se prevé la privatización ni tercerización de la política cultural”, certifica el ex director del Centro Cultural España Córdoba.

Mientras que los empleados, artistas y ciudadanos que se oponen a la creación de la fundación afirman que se pretende con esta ordenanza la privatización de la cultura, ya que esta fundación dispondrá de la capacidad de llevar adelante todas las tareas  y funciones que cumple la secretaría en la actualidad. “La actual gestión municipal pretende directamente privatizar la gestión y la acción política cultural a través del nuevo ´Instituto Municipal de Cultura´ disfrazado de un organismo para ´investigar y proponer´, en realidad a través del mismo directamente se pretende poner en manos privadas la definición de políticas culturales y el manejo de los recursos públicos del área”, indican.

El proyecto de ordenanza N° 3621-E-12 ingresó al Concejo Deliberante el 6 de marzo pasado, luego de que el proyecto diseñado por Paula Beaulieu, directora de Emprendimientos Creativos del municipio, estuviera desde el 10 de enero hasta el 10 de febrero  en manos de “Pancho” Marchiaro.

En primera instancia, uno de los puntos que recalcan los trabajadores de la cultura es que este proyecto de creación de una fundación recién tomó estado público gracias a la protesta llevada adelante y que no hubo vocación de que se discutiera en la sociedad. Uno de los concejales opositores fue quien encendió la alarma cuando recibió el proyecto de ordenanza. Ahora, tras las protestas, la gestión municipal  decidió ponerlo a consideración y debate por sectores.

Pero veamos de qué se trata exactamente el proyecto.

Los fines perseguidos: ¿privatización?

Mientras Marchiaro asegura que el objetivo del Instituto será investigar y desarrollar estadísticas para fomentar la industria cultural, en su artículo 2 del estatuto de la fundación se establece, con una gran generalidad y amplitud, que tendrá por objeto  “incentivar, promover y realizar actividades vinculadas al desarrollo artístico y cultural de la ciudad”.

Un ejemplo de la superposición de tareas que implicaría esta fundación se explica cuando en este mismo artículo se enumera las actividades que deberá desarrollar la fundación, y en su último punto se indica: “Toda otra actividad que propenda al pleno desarrollo cultural de la Ciudad de Córdoba”.

Además, la fundación tendrá plena capacidad legal para “comprar, vender, transferir, gravar, locar, o administrar toda clase de operaciones con bienes muebles, inmuebles, títulos valores, acciones y todo otro bien de cualquier naturaleza que fuere”, se estipula en el artículo 3 del estatuto. En el mismo artículo se instituye que la fundación “podrá ceder, comprar y vender, permutar, dar y aceptar donaciones y cualquier otra forma de contratar”.

Y uno de los puntos claves, que también se establece en el artículo 3 del estatuto, es que “podrá recaudar y administrar las sumas en concepto de entradas provenientes de la realización de cursos, cursillos, conferencias, espectáculos y otras actividades culturales, venta y publicidad de la guía cultural de Córdoba y otras publicaciones”.

La forma hace al contenido: la fundación

La primera discusión debe circunscribirse a la forma jurídica: la creación de una fundación. ¿Por qué se opta por una fundación y no un ente público autárquico?  La respuesta que brindan los empleados es que permite mayor manejo discrecional y con menos controles.

Por ejemplo, al ser una fundación su control no pasará por el tribunal de cuentas municipal sino por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba.

En este mismo sentido, la fiscalización y función de contralor –según estipula el artículo 18 del estatuto-“estará a cargo de un miembro, preferentemente Contador Público matriculado”, cuya tarea será ad honorem y elegido por el Consejo de Administración –presidido por el secretario de Cultura, un secretario, un tesorero y entre tres y nueve vocales, todos elegidos directamente por el Poder Ejecutivo Municipal-.

Por otro lado, Marchiaro menciona como ejemplos los casos de Chaco, donde se sancionó el 23 de noviembre de 2010 la ley Nº 6255 que permite la creación del Instituto de Cultura “como ente autárquico y descentralizado “y la incorporación a su presupuesto, como mínimo, del 1 por ciento del presupuesto general anual de la provincia. “Su función será la de asistir al poder Ejecutivo en el diseño, ejecución y supervisión de las políticas culturales de Estado y garantizar a los habitantes la igualdad en el acceso a los diversos bienes y valores culturales”, indica la legislación chaqueña.

Otro de los ejemplos que cita Marchiaro es el Instituto de Cultura de Barcelona. Pero este caso, a diferencia del Instituto local que proyecta Marchiaro, el Instituto de Cultura de Barcelona se organiza a partir de una Junta de Gobierno donde “están representados todos los grupos políticos que forman parte del Consistorio de la ciudad, tres personas de destacada trayectoria profesional en el mundo de la cultura, y representantes sindicales”.

En su estatuto se define al Instituto de Cultura de Barcelona como “una entidad pública empresarial local del Ayuntamiento de Barcelona” y con autonomía de gestión.

“El Instituto estará sometido a controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos por la gerencia Municipal”, se aclara.

Mientras en Córdoba ni las minorías políticas ni el Concejo Deliberante tendrán participación. En cambio, el Instituto de Cultura de Barcelona tiene la tutela municipal que conlleva la necesaria aprobación por el Consejo Municipal de Barcelona.

A modo de ejemplo, el consejo catalán actúa en la previsión de ingresos y gastos, la plantilla y el catálogo de puestos de trabajo; las operaciones financieras y de crédito; la liquidación anual de las cuentas, incluidos los de patrimonio; los convenios colectivos de trabajo; entre otras.

Libre endeudamiento y discrecionalidad en las becas

Una de las atribuciones que se concede al Consejo de Administración de la Fundación –cuyos miembros, con voz y voto, serían elegidos en su totalidad por el intendente- es en el punto i: “Recibir dinero en préstamo de instituciones públicas o privadas, bancarias o no, con o sin garantía, debidamente autorizadas por la autoridad de aplicación”.

Por otro lado, este plenipotenciario Consejo de Administración podrá “otorgar incentivos pecuniarios o becas para concurrir a concursos, congresos o jornadas mediante las cuales se propenda su capacitación o perfeccionamiento” y “disponer las partidas para viáticos, pasajes o gastos de representación, y comisiones del extranjero”.

Descargue Proyecto de Ordenanza Fundación Instituto de Cultura

 

 

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