Marisel Segovia: “Nunca más un Instituto donde el niño sea privado de su libertad”

Sostuvo Marisel Segovia, integrante del Colectivo Cordobés por los Derechos de Niñas, Niños y Jóvenes, el miércoles 8 de junio, en una charla debate organizada en la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba sobre la nueva Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes -Ley 9944- aprobada este año por la Legislatura Unicameral de Córdoba, que pone en consonancia el marco jurídico con la Ley Nacional de Salud Mental.


En primer lugar, la doctora señaló que la autoridad de aplicación de la norma está a cargo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de la Provincia de Córdoba.

La norma –indicó- fomenta la descentralización de las políticas públicas de niñez, que se implementarán por la SENAF, a través de dependencias específicas en el territorio, las Unidades de Desarrollo Regional (UDER). Aunque la jurista valoró que, en la actualidad, las doce Unidades de Desarrollo Regional (UDER) -órganos administrativos de ejecución de políticas de infancia dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF)- son “totalmente insuficientes para toda la provincia de Córdoba y deberían vincularse con los servicios municipales”.

“Sabemos que es muy escaso el equipo técnico y los profesionales con que se cuentan, por lo tanto, creemos que deberían haber muchas más UDER, con más equipo técnico y con programas y políticas para poder dar respuestas en serio”, instó Segovia, si es que realmente se deseara descentralizar a las políticas públicas.

Por otro lado, remarcó que, frente a la vulneración de los derechos del niño, la ley establece que la competencia no la siguen teniendo los jueces de menores sino que se traslada al poder ejecutivo y describió que se definieron tres tipos de medidas de aplicación del Sistema de Protección Integral de Derechos: de promoción y prevención de vulneración de derechos -políticas públicas en general-, de protección de derechos -frente a la falta de respuesta de una política pública, se intervenga con un programa específico- y, por último, de protección excepcional de derechos -que autoriza a intervenir a la SeNAF en la separación del niño de manera excepcional, transitoria, por un tiempo establecido y lo más breve posible, mientras el poder judicial controlará la legalidad de esta medida-.

Al respecto, Segovia indicó: “Estamos hablando del derecho de los niños a convivir en familia, el paradigma de esta ley es que el principal derecho es a convivir con su propia familia, no con cualquier familia. Implica que cuando se toma la decisión de separar al niño de su familia sea porque antes se tomaron otras decisiones de políticas públicas que intentaron fortalecer esa familia, con todo lo que necesitaba de acompañamiento y tratamiento, y hasta apoyo económico si fuese necesario. Sólo después que se haya intentado restituir el derecho vulnerado del niño, y no se lo haya logrado, es legal plantear la medida excepcional de separación del niño”.

La estelar norma provincial ordena que los niños deben ser oídos por las autoridades competentes, y tantas veces que lo solicite, tiene derecho a oponerse y recurrir las resoluciones que lo afecten. “Estos derechos son de difícil implementación, que un niño pueda oponerse a la decisión que sobre su vida toman el poder administrativo y el poder judicial, primero tiene que contar con el patrocinio de un abogado que lo pueda representar, y si es un niño muy pequeño será un adulto con patrocinio de un abogado. Pero lo concreto es que no existen abogados que puedan representar al niño gratuitamente y hasta que eso no se de, es imposible que un niño recurra alguna decisión”, explicó la abogada del Colectivo Cordobés por los Derechos de Niñas, Niños y Jóvenes.

Asimismo, aunque esta legislación crea las Cámaras de Niñez, Juventud y Violencia Familiar como una instancia superior a los jueces de niñez, la ley anterior también las instaba a su creación pero nunca se concretaron. “De este modo, la decisión de un juez sigue siendo la última y es imposible de recurrirla”, sentenció.

Segovia quiso aclarar un punto polémico sobre la ley: “He escuchado que en esta ley no se prohíbe la institucionalización de los niños, y no es así. Aquí (la ley) se refiere a que la privación de la libertad está permitida, en los casos previstos en la normativa vigente, por la comisión de un delito y no a una situación de vulneración de derechos”.

Luego, aclaró que para los casos de vulneración de derechos “la institucionalización no va más, nunca más un Instituto donde el niño sea privado de su libertad”. “Sólo deberían existir jueces de niños y juventud para cuestiones penales”, exhortó.

“Toda la parte penal juvenil de la ley es tutelar. Son muchos los chicos que llegan sin juicio a las instituciones por razones tutelares aunque no se los haya declarado responsables”, concluyó.

Nota publicada en CbaNoticias el 10 de junio de 2011

 

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